El juez subraya
que no se trata de contratos “carentes de toda contraprestación”. Por eso concluye
que las presuntas irregularidades “exceden del ámbito penal”. “El proceso
penal”, añade, “no puede ser el lugar para valorar la correcta administración
de un centro hospitalario”. Esa afirmación no impide, subraya, que deban
aplicarse “otros mecanismos de control” para evitar abusos en el uso de fondos
públicos.
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